OMS y UNICEF alertan; SEP y Senado impulsan entornos educativos seguros
- Francisco Vásquez Ponce
- hace 1 día
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La violencia, tanto en la escuela como en el hogar, funciona como un virus silencioso que se propaga por la inacción y la falta de recursos, obligando a los gobiernos a actuar no solo con declaraciones, sino con una vacuna de inversión y compromiso político para sanar a las comunidades afectadas.
La violencia, en sus diversas manifestaciones, ha sido catalogada como una de las crisis de derechos humanos más persistentes y menos atendidas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociados de las Naciones Unidas han alertado que casi una de cada tres mujeres —alrededor de 840 millones en todo el mundo— ha sufrido actos violentos por parte de su pareja o de carácter sexual a lo largo de su vida. Esta cifra apenas ha variado desde el año 2000. En el contexto nacional, el Senado de la República de México ha aprobado un exhorto urgente a las autoridades educativas para reforzar las medidas de prevención ante el drástico aumento de los reportes de bullying, que registraron un incremento del 205 por ciento en 2024 en comparación con 2019.
El problema global de la violencia de pareja sigue impactando a millones de personas anualmente, con 316 millones de mujeres (el 11% de las mayores de 15 años) siendo víctimas de violencia física o sexual por su pareja tan solo en los últimos doce meses. Además, la violencia sexual perpetrada por personas que no son la pareja ha afectado a 263 millones de mujeres desde los 15 años, aunque los especialistas advierten que este dato está muy por debajo de la cifra real debido al miedo y la estigmatización. Esta grave situación comienza a edades tempranas, ya que 12.5 millones de adolescentes de 15 a 19 años (el 16 por ciento de ese grupo) han sido víctimas de violencia de pareja en el último año.
Las consecuencias de esta violencia se extienden directamente a la infancia. A nivel global, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) reveló que uno de cada cuatro niños en el mundo —aproximadamente 610 millones— vive con una madre que ha experimentado violencia física, emocional o sexual por parte de su pareja en los últimos doce meses. Esta exposición constante es una amenaza para el desarrollo infantil y afecta la salud mental, el desempeño escolar y la capacidad de establecer relaciones saludables. En América Latina y el Caribe, esta cifra se traduce en el 19 por ciento de los niños, alcanzando los 35 millones de menores de edad expuestos a esta dinámica familiar violenta.
En México, la concentración de la violencia escolar es alarmante. Los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indican que 74 por ciento de los reportes de bullying provienen de la Ciudad de México. El 45 por ciento de los casos ocurre en secundaria, y el 49 por ciento de las denuncias corresponden a menores de entre 12 y 15 años. Es imperativo señalar que el 55 por ciento de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a las formas de agresión, la violencia física (29 por ciento) encabeza la lista, seguida de la verbal (26 por ciento) y la psicológica (14 por ciento).
Ante este panorama, las autoridades mexicanas han puesto en marcha medidas. El llamado del Senado busca fortalecer la atención y prevención de la violencia escolar y promover entornos seguros y pacíficos. Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de Mario Delgado Carrillo, activó el Compromiso Número 7 como parte de un acuerdo nacional firmado por la presidencia de México y los gobiernos estatales. Este compromiso establece que todas las escuelas públicas deberán realizar actividades el día 25 de cada mes para promover la igualdad, el respeto y la convivencia sin violencia. El titular de la SEP enfatizó que el sistema educativo tiene un papel determinante para transformar patrones culturales.
Para romper el devastador ciclo de la violencia que abarca hogares y aulas, las organizaciones internacionales instan a los gobiernos a actuar con decisión y a destinar recursos. A pesar de que las necesidades aumentan, solo el 0.2 por ciento de la asistencia oficial para el desarrollo se destinó a programas de prevención de la violencia contra las mujeres en 2022, y esta financiación ha seguido disminuyendo. Las acciones urgentes solicitadas incluyen ampliar los programas de prevención basados en evidencia, reforzar los servicios de salud y apoyo a las víctimas, invertir en sistemas de datos robustos y transformar las normas sociales que sostienen la desigualdad y la violencia. Poner fin a esta violencia es una exigencia de dignidad, igualdad y derechos humanos.
* Francisco Vásquez Ponce es licenciado en letras hispánicas y doctor en literatura, teoría y crítica literarias. Editor con más de 30 años de experiencia en libros educativos, técnicos y literarios; ha pasado de la hechura de libros en papel a textos en línea, de la lectura de manuscritos a publicaciones de libros digitales. Actualmente tiene en elaboración un libro narrativo sobre un joven aspirante a crítico literario, profesión imposible aunque deseable.
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